Necesario Reivindicar el Derecho a la Ciudad, Análisis del Seminario Internacional
El derecho a la ciudad es impulsar y construir una comunidad en donde se viva dignamente, se ejerzan los derechos y se posibilite la distribución equitativa para garantizar el derecho de la población a la alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo, así como el acceso a la información y a una participación plena.
Así lo consideró la secretaria de Desarrollo Social, Rosa Icela Rodríguez, durante su ponencia “Ciudad de México, Ciudad de Derechos, dictada en el marco de la Sesión Plenaria inaugural del Seminario Internacional de Gobiernos Locales por el Derecho la Ciudad, denominada “En la nueva etapa de urbanización mundial ¿Por qué es necesario reivindicar el derecho a la ciudad?”.
La servidora pública expresó que en la Ciudad de México y la zona metropolitana habitan más de 20 millones de personas, de las cuales 19.8 por ciento corresponde a población inmigrante que radica en la capital. Además hay un mayor predominio de la población femenina: 109 mujeres por cada 100 hombres.
El 65% de la población total tiene entre 15 y 59 años, mientras que el 22% son niñas y niños menores de 15 años y los adultos mayores representan el 13%, sector poblacional que va en aumento.
Dijo que la política social tiene una perspectiva relacionada con la creación y mantenimiento de un robusto sistema de protección, inspirado en los derechos sociales: “la promoción del ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, con el objetivo de reducir la exclusión y la discriminación, e incrementar la calidad de vida sus ciudadanos”.
En el Gobierno de la Ciudad de México, expresó, el derecho a la ciudad ha significado implementar tres objetivos fundamentales: el ejercicio de todos los derechos sociales que aseguran el bienestar colectivo; la participación de la sociedad de forma directa; y, la función social de los espacios urbanos.
En ese sentido, aseguró, se ha revertido el proceso de deterioro del tejido social, del incremento de la violencia y la exclusión social, con los 148 programas sociales, pero también se ha impulsado un amplio proceso de participación ciudadana y empoderamiento comunitario.
Refirió que estos programas se rigen bajo los principios de universalidad, igualdad, equidad de género y social, justicia distributiva, diversidad, integralidad, territorialidad, exigibilidad, participación, transparencia y efectividad.
Por su parte, Patrick Braouezec, Co-presidente de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), comentó que las personas deben habitar en un lugar donde encuentren resueltas todas las necesidades vitales para su desarrollo y hagan uso de sus derechos, sin desplazarse tanto para ejercerlos.
Expresó que las ciudades del mañana deben ser espacios donde se pueda vivir con dignidad, se tengan áreas públicas e infraestructura adecuada para las personas.
Por ello, reiteró que los gobiernos locales deben garantizar los recursos y construir políticas públicas que permitan a los habitantes ejercer todos sus derechos sociales.
Comentó que para la tercera conferencia de Hábitat III, que se realizará en 2016 en Quito, Ecuador, se planteará la idea de ciudades incluyentes, en donde no se segregue a la población, ya que esto genera desigualdad.
En tanto, Clara Jusidman, de Incide Social, expresó que en los últimos 20 años la ciudad de México ha tenido una gran transformación, en donde se ha dificultado la convivencia y se ha tenido un crecimiento desordenado en la ciudad, lo cual representa un obstáculo para el bienestar y desarrollo de las personas.
Refirió que algunos factores que llevan a una crisis urbana son el desorden de poblamiento en las periferias, las cuales son consideradas como áreas de agricultura; la liberación de tierras ejidales, que funcionaban como barreras para limitar la expansión; y el control del uso de suelo.
Comentó que el derecho a la ciudad es impedir la expansión horizontal, donde los pobladores de las periferias no resientan la invasión y destrucción de su entorno, además que las fuertes inversiones para el desarrollo de la movilidad no se constituyan en barreras para la reconstrucción del tejido social de las colonias.
En su oportunidad, Augusto Barrera, coordinador del Centro de investigación de Políticas Públicas y Territoriales de Ecuador, expresó que se debe realizar una reflexión sobre la agenda urbana para Hábitat III, en donde se debe pensar en el desarrollo de las personas y la igualdad de oportunidades.
Comentó que el derecho a la ciudad debe ser colectivo, para que no se vean las ciudades como una mercancía, sino como un bien común en donde sus habitantes tengan acceso a todos sus derechos sociales, y se agreguen los conceptos de justicia social y equidad de riqueza.
