Un derecho a la Ciudad, la recuperación del espacio público como sitio de convivencia e inclusión: ponentes del Seminario Internacional
La recuperación del espacio público, como sitio libre, de convivencia, de inclusión, de equidad y de recreación, se posicionó en un importante número de naciones como un derecho a la ciudad, aseguraron ponentes al Seminario Internacional de Gobiernos Locales por Derecho a la Ciudad.
Como instrumento de política pública, los proyectos de recuperación de espacios públicos deben estar anclados a mediano y largo plazos, en vez de estar sujetos a los gobiernos en turno, coincidieron los panelistas del foro 5 denominado Construir y reconstruir el espacio público.
Durante el segundo día de trabajos de dicho seminario, el director de Proyectos de Movilidad de la Autoridad del Espacio Público del Gobierno del Distrito Federal, René Caro Gómez, manifestó que el sentido de apropiación y la correponsabilidad en las tareas de cuidado y preservación son el sustento de la recuperación y transformación de los espacios públicos en la capital, para el disfrute y sana convivencia de las familias, vecinos y paseantes.
Como ejemplos de renovación del espacio público, citó los casos de las plazas de la República y de Tlaxcoaque, así como las calles Madero y 16 de Septiembre, la Alameda Central y los parques públicos de bolsillo distribuidos en las delegaciones.
A partir de 2013, explicó, el urbanismo social se convirtió en política de equidad social-espacial en la recuperación del espacio público, con proyectos que no requieren de grandes inversiones públicas, pero de gran impacto entre la comunidad y de la dignificación de “mi calle, mi plaza”.
En su turno, el concejal metropolitano y presidente de la Comisión de uso del suelo del Consejo Metropolitano de Quito, Ecuador, Sergio Garnica, expresó que los proyectos urbanos deben planearse y ejecutarse con base en la sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas y mantener un equilibrio entre lo urbano y lo rural.
Con ello, abundo, se podrá garantizar el principio según el cual “las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y sus espacios públicos…”.
El funcionario informó que la capital ecuatoriana será el próximo año sede del encuentro Hábitat 3, en donde se desahogará una vasta agenda en materia de vivienda, educación, salud, cultura, entretenimiento y conectividad, con la participación de los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, especialistas en cada tema, representantes de la sociedad civil y de gobiernos locales.
La agenda partirá de una premisa: En 1976 aproximadamente el 35 por ciento de la población mundial habitaba en zonas urbanas, pero esa tendencia aumentará a 65 por ciento en 2016, según proyecciones.
El derecho a la ciudad como derecho humano, fue la base de la intervención de la coordinadora del Derecho a la Ciudad en Sao Paulo, Brasil, MariliaJanhel de Oliveira.
Dijo que la concepción del derecho a la ciudad, “es bastante genérica. En términos legales, el Estatuto de la Ciudad materializa la lucha de los movimientos sociales y tiene como principios: la función social de la propiedad y la gestión democrática de la ciudad”.
Pero, aclaró, la noción del derecho a la ciudad es más amplia y “viene a lo largo de los años guiando las luchas sociales urbanas. Tiene como principios: la función social de la propiedad y la gestión democrática de la ciudad”.
En su oportunidad, Josef Shulte, del Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C., definió el derecho a la ciudad como el proceso encaminado a restaurar el sentido de ciudad e instaurar la posibilidad del buen vivir para todos y hacer de la ciudad el escenario de encuentro de la vida colectiva.
VOZ A LOS CIUDADANOS
Dar voz a los habitantes de las ciudades y evitar que éstas se conviertan en beneficios únicamente empresariales fue el eje del foro “La acción común a favor del derecho a la ciudad”, realizado esta mañana en dicho seminario.
Enrique Ortiz Flores, de la Coalición Internacional de Hábitat- América Latina, comentó que la Carta por el Derecho a la Ciudad de México plantea, “cómo general economía para la gente no sólo para la ciudad mediante usos sustentables”.
Además, dijo que se aborda un punto donde se habla respecto del disfrute de los habitantes de la Ciudad de México, “por lo que se hace necesario seguir en esta línea y no tener gobiernos tecnocráticos porque así no se avanzará en las leyes que se requieran”.
Es indispensable –abundó-, que como está redactado en dicha carta los indígenas que han arribado a la ciudad y quieran mantener su estatus de indígenas, tengan la seguridad de que así será.
“También se planteó el reconocimiento legal a la vivienda, pero la ignorancia de algunos Senadores lo echó para atrás, ahora sólo espetamos que la semana que entra por fin entre en su aprobación”.
Respecto de los Comités Delegacionales, manifestó que el gobierno anterior los habían conformado “con amigos”, y ahora, como acurre en Iztacalco, ya se han organizado para que sea en verdad un grupo conformado por sociedad y autoridades, “porque finalmente quien mueve las cosas es la sociedad organizada”.
En tanto, Ricardo A. Pino Hidalgo, catedrático de la UAM-Xochimilco, expuso que “el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial (PCMB) ocupa un lugar preponderante en la sociedad, sobre todo ahora que es por Ley y ahora hay que ir más allá para adoptar la doctrina como algo que debe respetar el gobierno”.
Y subrayó: “hay que plantear nuevos mecanismos de participación social para incidir en las decisiones, mediante organizaciones sociales participativas y evitar que el transporte es mar importante que los servicios y los ciudadanos, eso me parece a mí”.
El invitado en el panel de ponentes, el peruano Paul Maquet, (sociólogo, urbanista, profesor de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería), reveló que la realización al derecho a la ciudad es una responsabilidad de todos.
“En mi país, he expuesto que es necesario darle voz a los habitantes, porque en muchas ocasiones allá, es difícil que las autoridades escuchen a las pequeñas voces pese a que una gran parte de servidores públicos están de acuerdo en el derecho a la ciudad, cuando esto es básico”.
Aseguró que también en el Perú se deben crear mecanismos adecuados para que los habitantes sean parte activa de la tomar parte en las decisiones que afectan en nuestro territorio, darle voz a la gente, lo cual lleva a realizar reuniones para que poco a poco se constituya un plan entre gobierno y sociedad.
“En varias ciudades de Perú, por inyectar inversión se pasan por alto los grandes proyectos que pueden ser útiles a la ciudad y sus habitantes, es decir, la construcción de las ciudades va por un lado y lo sustantivo y el derecho a esta, por otro”.
Finalmente dijo que a ciudad es un actor importante en un panorama nacional, “por ello hay que poner énfasis en que si se trabaja por una ciudad se labora para todos”.
Al concluir las ponencias, moderadas por Eugene Zapata Garesche, director Regional para América Latina del Fondo Mundial para el Desarrollo de la Ciudades (FMDV), Patrick Braouezec, Co-presidente de la Comisión de Inclusión Social Democrática, Participativa y Derechos Humanos de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), pidió la palabra:
“Muchos representantes de ciudades anglosajonas me dijeron que no estaban dispuestos a firmar un documento como la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos a la Ciudad porque veían ahí que se estaba abriendo la posibilidad para que el ciudadano se pusiera en contra de las autoridades de la ciudad.
“Nadie puede imaginarse que un gobierno sea capaz de un día a otro resolver todos los problemas que se viven en esa ciudad, de cultura, medio ambiente y transporte, pero no se trata de resolver esos problemas sino de un compromiso con la ciudadanía, trabajar de la mano para resolver todos los problemas, sociedad civil y gobierno”.
