Involucrar a la ciudadanía en la distribución del presupuesto para la construcción de la Ciudad: ponentes
Con la reconstrucción de los procesos de participación de la población, se pretende que sea la ciudadanía la que decida cómo distribuir el presupuesto público para la construcción de la ciudad, tomando como referencia las necesidades de cada núcleo urbano, plantearon panelistas del Seminario Internacional de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad.
En el séptimo Foro “Construyendo ciudadanía y comunidad”, Lorena Zárate, representante de la Coalición Internacional del Hábitat, comentó que las ciudades no deben concebirse como mercancías, sino como espacios que garanticen el acceso a los bienes y servicios fundamentales, como la vivienda, salud, educación, movilidad y trabajo, entre otros.
Expresó que a través de la gestión democrática habrá una participación amplia de la ciudadanía, con lo cual se garantiza el derecho de todos a un lugar seguro, donde se pueda vivir en paz y con dignidad.
Mencionó que la urbanización se está presentando de manera rápida en el sur del mundo, ya que se multiplican los habitantes de sus ciudades, y se generan condiciones que los deja en situación precaria o de vulnerabilidad.
Y expresó que el derecho a la ciudad es el ejercicio de un poder colectivo para transformar el proceso de urbanización, y en donde también se genera un cambio entre los ciudadanos.
Por su parte Marié-HéleneBacqué, de la Universidad de París, comentó que con la democracia participativa se puede lograr un factor de emancipación, en donde se evite una desigualdad entre la población.
Con este tipo de democracia se busca poner a los ciudadanos como actores políticos que transformen sus barrios e impulsar a las mujeres para que sean ellas quienes tomen decisiones.
Por ello, mencionó que este tipo de participación siempre debe ir acompañada por políticas públicas que reconozcan el poder que tiene la sociedad para participar en la toma de decisiones.
Subrayó que para lograr este camino aún se tienen barreras, las cuales sólo los gobiernos locales y nacionales pueden frenar pues son ellos quienes contraponen el poder de decisión, y que para lograr el derecho a la ciudad debe existir igualdad y distribución equitativa, el reconocimiento de los grupos dentro de las comunidades y la dimensión democrática en todos sus sentidos.
En tanto Hassan Hmani, concejal de Democracia Participativa de Nanterre, Francia, coincidió en que se debe poner al ciudadano como un actor dentro de la gestión política, ya que éste no puede quedar fuera de las políticas que se implementan en las ciudades.
Expresó que es necesario que cada persona se involucre en el debate público y en el intercambio de ideas a fin de garantizar sus derechos, por lo que comentó se debe fomentar una participación ciudadana que recurra a las nuevas tecnologías de la información, a fin de captar opiniones que vienen de estas nuevas generaciones de ciudadanos.
En su oportunidad BachirKanoute, representante de la Organización Internacional de la Democracia Participativa en África, reiteró que las ciudades no se pueden construir sin la participación de quienes las habitan, por ello es importante identificar sus necesidades, a fin de garantizarles todos los derechos humanos que tienen.
Además, mencionó que la ciudadanía tiene derecho a conocer en qué se están gastando los gobiernos el recurso que tienen asignado. Dijo que como ciudadanía aún es complicado participar y ser escuchado a través de las redes sociales en la toma de decisiones para ejercer el presupuesto para la ciudad.
Comentó que debe existir el derecho a un presupuesto ciudadano, que cumpla con las necesidades esenciales de la comunidad, mediante el cual se garantice el acceso al agua, a movilidad urbana, educación y salud, lo cual impactará en la calidad humana de quienes habitan las ciudades.
A su vez, en el Foro 8 Planeación inclusiva, medio ambiente y espacio público, los ponentes dijeron que los ciudadanos desean habitar en ciudades de derechos plenos, con amplios espacios de participación en la toma de decisiones de políticas públicas en materia de medio ambiente, vivienda y desarrollo urbano y sustentable.
Expresaron que el ciudadano debe estar en el centro de la construcción de una ciudad de derechos, que garantice una vida digna, ya que aspira a ser parte de una sociedad justa, armónica y de pleno ejercicio de los derechos humanos.
Durante los trabajos del segundo día del Seminario, el doctor en sociología del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Ángel Ramírez, manifestó que la sociedad civil debe incidir en la definición de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo urbano y la vivienda.
Así como el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial representa un ejercicio de participación ciudadana en el mejoramiento del espacio común, ese mismo esquema puede replicarse en materia de transporte, manejo de los recursos naturales y otros temas, para ir construyendo ciudades democráticas sustentables y ciudadanía en las zonas urbanas, propuso.
El secretario de Vivienda de Guarulhos, Brasil, Orlando Fantazzini, explicó el proceso de transformación que sufrió esa ciudad que, en la década de los ochenta, ocupaba el cuarto lugar a nivel nacional en el número de favelas.
Expuso que esos asentamientos humanos se ubicaban en las orillas de la ciudad, pero gracias a acuerdos suscritos con la sociedad, con las familias de escasos recursos que habitaban en casas de madera, se creó la Secretaría de la Vivienda, como órgano responsable de construir espacios de interés social.
Con la participación popular y la creación de redes de inclusión social, se logró frenar y abatir la proliferación de favelas y, posteriormente, construir espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, abundó.
En su intervención, el biólogo del Centro de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Iván Azuara Monter, hizo un llamado a detener “la expansión urbana incontenible”, que pone en riesgo la sustentabilidad de la capital mexicana.
La desaparición de fronteras físicas, dijo, obliga a los gobiernos locales a adoptar políticas de carácter metropolitano sobre todo en materia de desarrollo urbano, para garantizar mínimos de bienestar a millones de ciudadanos y, por ende, el derecho a la ciudad.
